La caída del gobierno peronista en septiembre de 1955 tuvo múltiples consecuencias en el ordenamiento político e institucional. El golpe de Estado conocido como "Revolución Libertadora" generó a partir de 1958 un orden institucional de muy baja densidad que apenas si alcanza para llenar los requisitos del constitucionalismo mínimo. Este orden institucional, además, fue objeto de un permanente manoseo por parte de las fuerzas armadas, del sindicalismo, de las organizaciones empresariales, de la iglesia católica y demás factores de poder, o en otras palabras, se produjo una profundización de la corporativización de la vida institucional del país que iniciada en 1930 arribó a su punto culminante en 1966 con la instalación de la pomposeante autodenominada "Revolución Argentina" y el ingreso, una vez más, a la etapa de la preconstitucionalidad.
Pero además, comenzaron a procesarse los caldos de cultivo de una violencia política que irrumpiría en el seno de la sociedad argentina hacia finales de los años 60.