La reforma constitucional de 1994 incorporó significativos institutos, tanto en la parte dogmática como en la orgánica de nuestra Constitución Nacional; una de estas incorporaciones fue la jerarquía constitucional de los tratados internacionales sobre derechos humanos.
Con este status constitucional, el contenido de estos pactos internacionales se proyecta decididamente sobre todo el sistema de derechos y garantías que establece nuestra carta magna, en algunos casos consolidándolos, y en otros ampliándolos.
Estas nuevas garantías, que se suman a las ya existentes en nuestro texto constitucional, tienen una profunda incidencia en materia penal; por ello, en el presente trabajo se analizan detalladamente cada una de estas flamantes garantías contenidas en los pactos internacionales, en relación a su aplicación en el proceso penal, con una permanente remisión a la legislación procesal penal vigente, a fin de verificar si ésta se ajusta o no a las nuevas garantías.

Prohibición de torturas o tratos inhumanos o degradantes

Inviolabilidad del domicilio y la correspondencia.

Derecho